La perversión de la imposición

En la anterior entrada mencionaba el poder que tiene el pueblo al pagar por aquello que considera correcto en cuanto al beneficio que aporta a la sociedad en general, y en concreto al consumidor, y en cuanto a los medios por los que se obtiene dicho producto o servicio. Esto sólo ocurre de manera correcta si el consumidor toma una decisión responsable, informada y libre.

La responsabilidad de la decisión ya quedaba remarcada por la actitud crítica a la que hacía referencia. Es fundamental en muchos ámbitos de la vida diaria, especialmente en contextos socio-políticos. La información también estaba señalada, con la función de Internet, y volveremos sobre ella en futuras ocasiones. Esta entrada trata del último aspecto, la libertad, que se ve mermada en formas ciertamente perversas.

No me refiero a la manipulación que pueda hacer la publicidad y por lo que cada cual ha de recurrir a su pensamiento crítico y escepticismo a la hora de juzgarla. Me refiero a la auténtica incapacidad para escoger que se da en muchas ocasiones y que, por su cotidianidad puede pasar desapercibida.

Se trata de cargas que se imponen sobre los productos, el más llamativo de todos es posiblemente el canon de la SGAE, que ya cuenta por lo menos con un movimiento en contra como es el caso de todoscontraelcanon. De esta forma, un consumidor que opta por las producciones de Hollywood sobre las patrias o la música anglosajona sobre la española pero decide hacer uso de algún aparato con capacidades multimedia está en realidad financiando a los autores españoles, o a algunos sólo, de una manera bastante opaca, además, con un reparto que muchos autores dicen no es justo y sin duda es debatible. Si al pagar por algo se está pagando otra cosa, sobre la que el consumidor no tiene control, entonces el sistema se pervierte, de una manera similar a lo que sería que nuestro voto se transmutara en un voto para otro partido al depositarlo en la urna.

Se está financiando algo distinto al producto o servicio por el que se paga mediante estas imposiciones, siendo la más general los conocidos simplemente como impuestos, como es el caso del IVA. Estos impuestos pueden derivar en subvenciones a algo completamente independiente de la decisión tomada por el consumidor con un criterio opaco y sin justificarlo de ninguna forma. Podemos saber dónde van los impuestos, pero no por qué. La compra de un dispositivo multimedia, además de un canon, tiene unos impuestos, que pueden ir destinados a algo relacionado, como es la I+D e investigación en ciencias y tecnologías, para hacer dispositivos mejores, a otra cosa relacionada pero bastante diferente como es la subvención de la cultura y generación de estos contenidos nacionalmente o a algo sin ninguna relación, como es la construcción de una infraestructura, de dudosa utilidad a veces. El criterio por el que el consumidor realizó el pago se pierde en este caso, no es factible que sea de otra forma, y se reemplaza por el criterio que establece el Estado, que ciertamente no es transparente (no se conoce) y probablemente no es científico (no parte de principios objetivos ni comprobables), este criterio es, en definitiva, de dudosa calidad.

La imposición con tal vez la peor fama son los monopolios, eliminan la capacidad de elección del consumidor al ser la única opción disponible, parecen especialmente habituales en el mundo de las nuevas tecnologías. Por ejemplo tiene fama de empresa malvada Microsoft, por el monopolio en sistemas operativos,  aunque hay opciones y como consumidores responsables tal vez habría que fomentarlas, eso corresponde al juicio de cada uno. Sin embargo tiene fama de empresa benevolente Google, y no debemos olvidar que aunque ofrezca los productos gratuitamente el hacer uso de los mismos ya es, de una forma más sutil, fomentar dicha empresa y todo lo que ello conlleva. En este caso la cuota de mercado de Google en España es impresionante y a la vez preocupante, puesto que refleja una uniformidad en la población, al menos en este aspecto, sin igual, lo que puede ser fuente de muchos problemas que tal vez comentemos en el futuro.

Y precisamente, por la opacidad en el criterio del Estado, y la imposición que hace éste, ha de considerarse al mismo Estado como una fuente más de imposición, no a través de los impuestos, sino de los servicios públicos, similares en muchos aspectos a los monopolios, ya que prestan un servicio pero el ciudadano a menudo tiene una capacidad de elección muy limitada, si es que tiene alguna. En este caso pueden darse dos situaciones:

• Que el servicio deba ser único, es un monopolio en esencia o simplemente no es viable que haya varias alternativas. En este caso lógicamente el Estado debe ocuparse de prestar este servicio, evitando que haya un monopolio en manos privadas se da un monopolio en manos públicas. Éstas sólo serán mejores que las privadas si la tarea se realiza mejor, y en esto es fundamental la ciencia y la transparencia de nuevo, garantizando que el servicio se presta de forma óptima y cualquiera puede evaluarlo y comprobarlo. Ésta ciencia y transparencia, en este caso, son similares a lo que el código abierto representa frente a otras alternativas en el software.
• Que el servicio en sí no necesite ser público, incluso muy probablemente haya alternativas privadas, pero sea un derecho que el Estado debe garantizar. En este caso, habiendo alternativas privadas, pudiendo el ciudadano escoger, no es necesario que el Estado se convierta en empresa, además de Estado, es posible hacer uso de estas alternativas privadas si son de suficiente calidad, y si hay una competencia sana entre ellas así será. El Estado lo que debe garantizar es que los ciudadanos puedan hacer uso de estas opciones, primero garantizando que su nivel de vida y las capacidades que tienen son las mejores posibles (que es la función del Estado, en esencia), pero en caso de que pese a ello no puedan acceder al servicio el Estado debería subvencionarlo. Para esto, el dinero no ha de ir directamente al servicio, saltándose el paso de decisión del consumidor, sino que ha de ir al consumidor, para que él escoja qué hacer con ese dinero, que es en esencia, un voto.

Es por esto que las imposiciones deben reducirse a la mínima expresión necesaria y conveniente. Los consumidores deben tomar consciencia de todo lo que implican sus compras e incluso acciones que no conllevan un desembolso. Los ciudadanos deben tomar consciencia de todas las decisiones que les están siendo negadas, no habiendo motivos de peso para ello, y reclamar que se les permita tomar estas decisiones. Finalmente, en aquellos casos en que la decisión no pueda recaer en el consumidor, después de demostrarse que así es, la decisión deberá tomarla el Estado, pero los motivos por los que se toma una decisión u otra deben ser expuestos con claridad de manera pública y deben sostenerse en la evidencia científica de datos objetivos y comprobables.

Como conclusión: Es fundamental reclamar la libertad negada y luchar contra la imposición. Es fundamental evaluar el trabajo de  los políticos, puesto que la selección de personal nos corresponde como votantes. Y, finalmente, es fundamental que las decisiones de las que depende la vida de millones de personas se realicen de manera transparente y con el mejor conocimiento posible para la toma de estas decisiones, que hoy en día, por su objetividad, es la ciencia con sus distintas ramas.