viernes, 24 de agosto de 2012
Cuando el sistema es antisistema
Son muchos los que están pagando las consecuencias de la burbuja y la pésima gestión de la misma, con la subida del IVA puede decirse que todos, unos más y otros menos. Sin embargo son también muchos los que afirman no tener culpa moral o no ser causantes de la crisis y que ponen de manifiesto cómo se intenta "cargar el muerto" a unos y a otros [1, 2, 3, 4], ya sea desde el punto de vista moral o el económico. Ruedas de prensa, columnas de opinión y mensajes virales en Internet se suceden, la patata caliente da vueltas, el ambiente se caldea y nadie quiere hacerse responsable, pero la situación es insostenible (al menos para algunos) y los "culpables" acaban apareciendo en el BOE. Más trabajo por menos salario a funcionarios, más impuestos para todos y recortes en casi todas las partidas.
El gobierno interviene, decide de quiénes y en qué concepto se recaudará el dinero en forma de impuestos, a quienes se les dará en forma de rescates, a quienes no se les dará en forma de recortes y cuánto se va a endeudar la ciudadanía en concepto de deuda pública para cuadrar las cuentas.
En un sistema correctamente regulado para mantener libertad y responsabilidad, quien la hace (en libertad) la paga (con responsabilidad). Por poner un ejemplo, si alguien pide una hipoteca por encima de sus posibilidades, es lógico que al no poder pagarla pierda la vivienda. De la misma forma, si la entidad que le concede la hipoteca no estima correctamente los riesgos (uno de los motivos de los intereses), es consecuencia lógica que también asuma una pérdida al recibir la vivienda como pago (dación en pago).
Éste no es el caso, asistimos a una especie de "castigo colectivo" impuesto por el gobierno y que grita injusticia, pero esto no es ni la punta del iceberg. Los políticos, como todos, intentan que les salpique desde lo más lejos posible, pero a diferencia de los demás, ellos pueden decidir quién paga los platos rotos. Por la opacidad del sistema actual, los políticos tienen una libertad absoluta para escoger a quien quieran como cabeza de turco y no están sometidos a ninguna clase de control más que una opinión pública poco informada. Lógicamente escogerán a los menos influyentes, a los que menos pueden recompensarles cuando abandonen su cargo (con puestos de directivos, por ejemplo). Elegirán en definitiva a los más débiles y desfavorecidos, los que menos poder de decisión han tenido y por tanto menos responsabilidad tienen, si no como grupo al menos como individuos. La falta de transparencia y de una demostración científica de la corrección de las medidas como solución al problema convierten lo que debería ser un "tratamiento" en parte del problema.
Al pagar unos por otros, y muy en especial de la forma escogida, que tiene motivos para ser inversamente proporcional a la responsabilidad, se está premiando a los que han causado la situación crítica en la que nos encontramos, a los auténticos culpables, y se está castigando a los inocentes. Esto es triplemente pernicioso, por el premio inmerecido, por el castigo injusto y sobre todo se crea un sistema en el que los causantes de una burbuja y una crisis son recompensados. Tenemos que: (a) Se roba al inocente, para (b) recompensar al culpable, consiguiendo (c) que se instucionalice la incompetencia o mala fe. Por esta "función de recompensa" el sistema tiende no a su mejora y crecimiento, sino a su autodestruccción. El sistema fomenta aquellos que le hacen daño, quienes hacen peligrar su integridad, el sistema es antisistema.
Los que viven dentro del sistema y sufren esta injusticia lógicamente sienten que el gobierno, que dirige el sistema, no les representa. Al ser acusados de antisistema la respuesta es: "el sistema es antinosotros", pero esto debe ser matizado, el sistema no tiene ningún rencor a nadie, si el sistema tuviera una "voluntad" o una "voz" querría que la gente que le compone se encontrara bien, de la misma forma que los políticos quieren salir en fotos tomando medidas populistas para ganar las próximas elecciones. Como las células cancerígenas vivirían más si la persona que padece el cáncer viviera más, los políticos podrían vivir mejor en un país que funcionara mejor. Como un cáncer destruye un organismo, unos políticos corruptos o incompetentes pueden destruir la economía de un país. Como el deterioro de salud lo notan todas las células del organismo, el deterioro del sistema lo notan todos los ciudadanos. De la misma forma que un organismo con cáncer se autodestruye, nuestro sistema es antisistema. El cáncer de la corrupción e ineptitud se extiende, y sólo la terapia de la transparencia y ciencia pueden solucionarlo.
Artículos referidos:
[1] ¿Quién debe cargar con los costes de la crisis? - Juan Ramón Rallo.
[2] Estoy harto de la frase: “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” - Rafael García Almazán.
[3] ¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades? - Alberto Garzón Espinosa.
[4] Sí, en España las élites vivieron por encima de sus posibilidades - Juan Laborda.
sábado, 21 de mayo de 2011
Manual para hacer un referendum
Lo primero a considerar en el caso de un referendum es el tema que se trata. El tema debe ser una preocupación de la ciudadanía, no se hace un referendum de aquello que a nadie le importa. Debe tratar el tema desde un punto de vista fundamental, yendo a la raíz del problema, de lo contrario, no se tratará la preocupación de los ciudadanos, sólo de algunos síntomas. Debe recoger todos los aspectos relevantes en dicho tema, de lo contrario será parcial, y es algo suficientemente importante como para no dejarlo a medias. Por otro lado no debe incluir otras cuestiones, no se trata de hacer un referendum de todo aquello que preocupa a la población, sino de todos los aspectos de un tema que preocupa, si resultara que el segundo tema que más preocupa a la población realmente les preocupa mucho entonces lo que procedería es hacer un segundo referendum, pero no mezclar. El que mucho abarca poco aprieta y al final lo que se tiene es una cortina de humo, un río revuelto y nada claro, donde se va a intentar tergiversar, manipular, confundir y otras muchas cosas que, tristemente, estamos acostumbrados a ver. La forma de evitar esto es que todo esté lo más claro posible, y parte de esa claridad se obtiene no mezclando unas cosas con otras. En resumen, debe tratar todos los aspectos de un tema y sólo eso.
Lo segundo a considerar es cómo presentarlo. El referendum no puede incluir todas las propuestas, como las presentadas en varios manifiestos que estamos viendo últimamente, como si fuera una unidad, una idea única. Lo deseable sería que hubiera un debate razonado acerca de la cuestión considerada y que se llegara a conclusiones con un consenso, que no es lo mismo que la mayoría, sino un acuerdo entre todos. Esto no es técnicamente posible todavía, pero no es una excusa para limitar la libertad de la gente a expresar su opinión con el referendum. Un referendum ha de tener varios puntos que puedan ser votados de manera separada, preferentemente, por simplicidad, cuestiones que puedan responderse con un sí o un no, pero para que sean esta clase de cuestiones deben ser realmente atómicas, es decir, que no puedan ser divididas en otras más pequeñas. Si alguien vota sí ha de votar que sí a todo el punto, y lo mismo con el no, en ningún caso nadie debería votar sí o no pensando que desearía votar "sí, pero..." o "no, pero...". Esto es lo que hacen los partidos políticos con leyes como la de la Economía Sostenible, agrupando varias cuestiones y colando la Ley Sinde dentro. Una de tantas cuestiones indignantes que tristemente estamos acostumbrados a ver y no son noticia.
Lo tercero es cómo crear el contenido. Un referendum no puede salir de la nada, la redacción de su contenido es una cuestión compleja en la que ya han de aglutinarse las inquietudes de una gran parte de la población. Un referendum debe estar realizado de forma que no excluya a nadie, que todos puedan expresar su opinión. Han de tenerse en cuenta los dos puntos anteriores, pero además es fundamental que el referendum tenga un buen acabado, debe tener un impacto apreciable sobre el problema. De lo contrario, el problema seguirá ahí, cundirá el desánimo y las posibilidades de futuros referendums quedarán cercenadas. Por todo esto, la decisión del contenido es una decisión importante y no lo deberían acordar unos pocos sino que habrían de participar muchos, y esto sí es ya técnicamente posible. No es necesario que el medio sea oficial, simplemente es necesario que el medio no sea fácilmente manipulable y permita redactar un referendum que, con las urnas y los medios disponibles en el Estado permita llegar a una conclusión que sea oficial.
Finalmente, en cuarto lugar, un referendum no es un manifiesto, no se trata de establecer qué es lo correcto, simplemente de permitir a la gente que vote aquello que considera correcto, pudiendo no existir consenso ni antes ni después del referendum. Un referendum no afirma cómo ha de ser algún aspecto de la sociedad, sólo plantea las cuestiones que han de tenerse en cuenta, aquellas que causan inquietud (o indignación) a los ciudadanos y sobre las que la gente debería poder decidir, después del referendum, cuando se conozca la opinión de la gente con respecto a estas cuestiones, será posible determinar cómo habrían de ser las cosas para ser conforme a los deseos de los ciudadanos. Por eso ha de partirse del menor número de premisas posibles, no introducir sesgos a la hora de plantear las cuestiones, y dar la mayor libertad y capacidad de decisión posible a quien va a votar ese referendum, si no, se convierte en una pantomima.
Cabría hacer consideraciones acerca de si los contenidos del referendum son beneficiosos o perjudiciales, mejores o peores, pero eso es otra cuestión, que no pertenece a las consideraciones que hay que realizar cuando se hace un referendum sino las consideraciones que hay que realizar cuando se vota a un referendum. Puesto que siempre es importante mantener la claridad y la separación de los temas, aquí acaba este manual.
Si todo va bien debería ser posible ver un ejemplo en este enlace, de momento es un experimento a ver qué resulta. Probablemente haya plataformas mejores, pero esto es lo mejor que he encontrado, si alguien conoce otra mejor puede decírmelo o montarla él mismo. Así mismo, cualquier posible mejora o comentario acerca del manual es, como siempre, bienvenida, he hecho lo posible por aplicar mis conocimientos de ingeniería del conocimiento y teoría de la decisión, además de no extenderme demasiado, siendo objetivos conflictivos el resultado óptimo es subjetivo, y por tanto está sujeto a debate.
domingo, 8 de mayo de 2011
La perversión de la imposición
La responsabilidad de la decisión ya quedaba remarcada por la actitud crítica a la que hacía referencia. Es fundamental en muchos ámbitos de la vida diaria, especialmente en contextos socio-políticos. La información también estaba señalada, con la función de Internet, y volveremos sobre ella en futuras ocasiones. Esta entrada trata del último aspecto, la libertad, que se ve mermada en formas ciertamente perversas.
No me refiero a la manipulación que pueda hacer la publicidad y por lo que cada cual ha de recurrir a su pensamiento crítico y escepticismo a la hora de juzgarla. Me refiero a la auténtica incapacidad para escoger que se da en muchas ocasiones y que, por su cotidianidad puede pasar desapercibida.
Se trata de cargas que se imponen sobre los productos, el más llamativo de todos es posiblemente el canon de la SGAE, que ya cuenta por lo menos con un movimiento en contra como es el caso de todoscontraelcanon. De esta forma, un consumidor que opta por las producciones de Hollywood sobre las patrias o la música anglosajona sobre la española pero decide hacer uso de algún aparato con capacidades multimedia está en realidad financiando a los autores españoles, o a algunos sólo, de una manera bastante opaca, además, con un reparto que muchos autores dicen no es justo y sin duda es debatible. Si al pagar por algo se está pagando otra cosa, sobre la que el consumidor no tiene control, entonces el sistema se pervierte, de una manera similar a lo que sería que nuestro voto se transmutara en un voto para otro partido al depositarlo en la urna.
Se está financiando algo distinto al producto o servicio por el que se paga mediante estas imposiciones, siendo la más general los conocidos simplemente como impuestos, como es el caso del IVA. Estos impuestos pueden derivar en subvenciones a algo completamente independiente de la decisión tomada por el consumidor con un criterio opaco y sin justificarlo de ninguna forma. Podemos saber dónde van los impuestos, pero no por qué. La compra de un dispositivo multimedia, además de un canon, tiene unos impuestos, que pueden ir destinados a algo relacionado, como es la I+D e investigación en ciencias y tecnologías, para hacer dispositivos mejores, a otra cosa relacionada pero bastante diferente como es la subvención de la cultura y generación de estos contenidos nacionalmente o a algo sin ninguna relación, como es la construcción de una infraestructura, de dudosa utilidad a veces. El criterio por el que el consumidor realizó el pago se pierde en este caso, no es factible que sea de otra forma, y se reemplaza por el criterio que establece el Estado, que ciertamente no es transparente (no se conoce) y probablemente no es científico (no parte de principios objetivos ni comprobables), este criterio es, en definitiva, de dudosa calidad.
La imposición con tal vez la peor fama son los monopolios, eliminan la capacidad de elección del consumidor al ser la única opción disponible, parecen especialmente habituales en el mundo de las nuevas tecnologías. Por ejemplo tiene fama de empresa malvada Microsoft, por el monopolio en sistemas operativos, aunque hay opciones y como consumidores responsables tal vez habría que fomentarlas, eso corresponde al juicio de cada uno. Sin embargo tiene fama de empresa benevolente Google, y no debemos olvidar que aunque ofrezca los productos gratuitamente el hacer uso de los mismos ya es, de una forma más sutil, fomentar dicha empresa y todo lo que ello conlleva. En este caso la cuota de mercado de Google en España es impresionante y a la vez preocupante, puesto que refleja una uniformidad en la población, al menos en este aspecto, sin igual, lo que puede ser fuente de muchos problemas que tal vez comentemos en el futuro.
Y precisamente, por la opacidad en el criterio del Estado, y la imposición que hace éste, ha de considerarse al mismo Estado como una fuente más de imposición, no a través de los impuestos, sino de los servicios públicos, similares en muchos aspectos a los monopolios, ya que prestan un servicio pero el ciudadano a menudo tiene una capacidad de elección muy limitada, si es que tiene alguna. En este caso pueden darse dos situaciones:
- Que el servicio deba ser único, es un monopolio en esencia o simplemente no es viable que haya varias alternativas. En este caso lógicamente el Estado debe ocuparse de prestar este servicio, evitando que haya un monopolio en manos privadas se da un monopolio en manos públicas. Éstas sólo serán mejores que las privadas si la tarea se realiza mejor, y en esto es fundamental la ciencia y la transparencia de nuevo, garantizando que el servicio se presta de forma óptima y cualquiera puede evaluarlo y comprobarlo. Ésta ciencia y transparencia, en este caso, son similares a lo que el código abierto representa frente a otras alternativas en el software.
- Que el servicio en sí no necesite ser público, incluso muy probablemente haya alternativas privadas, pero sea un derecho que el Estado debe garantizar. En este caso, habiendo alternativas privadas, pudiendo el ciudadano escoger, no es necesario que el Estado se convierta en empresa, además de Estado, es posible hacer uso de estas alternativas privadas si son de suficiente calidad, y si hay una competencia sana entre ellas así será. El Estado lo que debe garantizar es que los ciudadanos puedan hacer uso de estas opciones, primero garantizando que su nivel de vida y las capacidades que tienen son las mejores posibles (que es la función del Estado, en esencia), pero en caso de que pese a ello no puedan acceder al servicio el Estado debería subvencionarlo. Para esto, el dinero no ha de ir directamente al servicio, saltándose el paso de decisión del consumidor, sino que ha de ir al consumidor, para que él escoja qué hacer con ese dinero, que es en esencia, un voto.
Es por esto que las imposiciones deben reducirse a la mínima expresión necesaria y conveniente. Los consumidores deben tomar consciencia de todo lo que implican sus compras e incluso acciones que no conllevan un desembolso. Los ciudadanos deben tomar consciencia de todas las decisiones que les están siendo negadas, no habiendo motivos de peso para ello, y reclamar que se les permita tomar estas decisiones. Finalmente, en aquellos casos en que la decisión no pueda recaer en el consumidor, después de demostrarse que así es, la decisión deberá tomarla el Estado, pero los motivos por los que se toma una decisión u otra deben ser expuestos con claridad de manera pública y deben sostenerse en la evidencia científica de datos objetivos y comprobables.
Como conclusión: Es fundamental reclamar la libertad negada y luchar contra la imposición. Es fundamental evaluar el trabajo de los políticos, puesto que la selección de personal nos corresponde como votantes. Y, finalmente, es fundamental que las decisiones de las que depende la vida de millones de personas se realicen de manera transparente y con el mejor conocimiento posible para la toma de estas decisiones, que hoy en día, por su objetividad, es la ciencia con sus distintas ramas.
viernes, 24 de diciembre de 2010
Reforma laboral, fiscal... ¿para cuando la política?
Son los políticos los que nos han metido en este lío, las encuestas del CIS lo confirman, el barómetro de noviembre referencia el paro como el primer problema, la situación económica como el segundo y los políticos como el tercero.
Pero, precisamente, son los políticos los que tienen que promover las leyes necesarias para la creación y no destrucción de empleo, en realidad, son los que tenían que haberlo hecho hace ya mucho tiempo. E igualmente con la situación económica, estrechamente relacionada con el paro.
La crisis que estamos viviendo es una crisis principalmente política, y las reformas más necesarias en este caso son políticas. Los políticos deberían ser expertos de demostradas competencias a la hora de resolver los problemas a los que se enfrentan. Lamentablemente, es más fácil centrarse en conseguir votos a base de hacer quedar mal al oponente, que da muchas facilidades. Cuando toca gobernar, ante la inutilidad manifiesta lo que toca hacer pagar a los ciudadanos los platos rotos por los políticos, mientras ellos disfrutan del status quo.
El PP advierte de que la reforma laboral y fiscal debe ser más profunda
La presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha dicho hoy que una reforma del sistema de pensiones "en condiciones", pasa necesariamente por una reforma fiscal y laboral "contundentes".
ha asegurado que el "sacrificio" que el Gobierno ha exigido a los jubilados con la congelación de las pensiones "ya se lo ha comido" el pago de los intereses de la deuda de EspañaRead more at www.expansion.com
martes, 16 de noviembre de 2010
UPyD: se buscan políticos con tres años de experiencia, en otra cosa.
Las medidas que se plantean, aunque ineficaces, no me parecen mal, aunque más que la prohibición yo exigiría la declaración, a bombo y platillo casi. Incluso la experiencia laboral es más o menos ineficaz, puesto que tres años de experiencia laboral es un tiempo corto que mejor o peor prácticamente cualquiera puede reunir, y si realmente supone una criba, es que estamos mucho peor de lo que imaginaba.
Sin embargo, es realmente llamativo, prácticamente hilarante, lo denostada que está la profesión de político, para que se exija experiencia profesional en otra cosa. Para cualquier profesión, si se pide experiencia laboral, es precisamente en las labores que se van a realizar. Experiencia que ponga a prueba, pula y demuestre las habilidades y destrezas en las competencias que se requieren para el puesto. Para político no, las destrezas que desarrolla la gente en la política son otras y están mal vistas, producto de la disociación entre conseguir votos y gobernar.
Lo que parece prácticamente hilarante resulta ser una reacción normal al sistema actual. Antes de que los políticos se dediquen a la política y a conseguir votos tienen que dedicarse tres años a otra cosa con la esperanza de que puedan aparentar tener una mínima capacidad para gobernar.
El estado actual del sistema puede ser malo, pero peor es que no se tenga forma de solucionarlo. No se especifica ni se prioriza entre las profesiones, bien por desconocimiento, dejadez, porque de cara a la galería es mejor así, cualquier otro motivo o combinación de varios. Por lo que sea. No se sabe o no se quiere saber qué hace a un buen político cuando ocupa el puesto, cómo formarlo, cómo evaluarlo. Ése es el auténtico problema.
Los partidos deberían fomentar los buenos políticos entre sus miembros. Los votantes deberían exigir conocer estas habilidades. Las universidades deberían formar a los profesionales en la política, con el impacto que esto supone en la sociedad. El sistema debería fomentar el éxito de aquellos que realizan el trabajo mejor y promocionarlos, a la vez que evita que aquellos que no son los mejores capacitados para un puesto lo ocupen. Nada de esto ocurre, eso es lo trágico.
La medida, ineficaz en la solución, al menos pone de relieve un problema de sobra conocido. La falta de definición en las destrezas de quien ha de gobernar y la gente que en ese vacío ocupa los puestos correspondientes. Uno de los más importantes problemas de la política, si no el principal, puesto que la política, a efectos prácticos, es lo que de ella hacen los políticos.
UPyD exigirá a sus candidatos tres años de experiencia laboral al margen de la política
serán "ciudadanos comprometidos con la sociedad, evitando dar entrada a aquellos meros especuladores políticos, que únicamente persiguen un sillón de por vida"
además, la presentación de declaraciones de bienes al inicio y fin de la legislatura, la prohibición de recibir regalos o servicios con valor superior a 150 euros, la incompatibilidad de recibir ingresos como cargo público y por remuneración del partido y la limitación a tres legislaturas ocupando el mismo cargo públicoRead more at www.elmundo.es